11/10/2026 | por Grupo Areópago
La protección de niños, niñas y adolescentes debería situarnos por encima de cualquier enfrentamiento ideológico. Por ello, cualquier iniciativa legislativa contra la violencia que utiliza a los hijos como instrumento debería partir de una premisa: el menor debe ser siempre el centro de la protección, con independencia de quien ejerza la violencia sobre él.
El Gobierno ha aprobado en julio de 2026 el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, que pretende reforzar la protección de las víctimas y que va a suponer modificaciones de otras normas entre ellas el Código Penal, el Código Civil y la legislación de protección de la infancia. También incluye nuevas consecuencias penales y medidas sobre custodia, visitas y patria potestad.
No existe duda sobre la gravedad de la violencia ejercida por hombres contra sus hijos para causar daño a sus madres. Debe combatirse con todos los instrumentos disponibles. Pero reconocer esta realidad no debería impedir reconocer otra: la capacidad de ejercer violencia contra un menor no viene determinada por el sexo.
El proyecto define la violencia vicaria dentro del marco de la violencia de género como aquella ejercida para causar dolor o sufrimiento a una mujer mediante otras personas, incluidos sus hijos. Pero ¿qué ocurre cuando un menor es utilizado para causar sufrimiento a su padre? El daño que recibe ese niño no deja de serlo porque quien lo ejerza sea una mujer.
Proteger la infancia exige reconocer todas las formas de violencia familiar y parental. Porque cuando un adulto utiliza a un niño para castigar al otro, la primera víctima es el propio niño.
Una vez más queda de manifiesto el papel pedagógico que tienen las leyes y que pueden ser utilizadas para imponer una ideología, en lugar de ponerlas a disposición del bien común de un país, de una sociedad.
Así desde la perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia, la dignidad sagrada e inviolable de cada persona —con especial predilección por los más vulnerables, como son los niños— debe constituir siempre el principio y el fin de toda norma justa. Cuando el ordenamiento jurídico se diseña desde la confrontación ideológica en lugar de tutelar de forma integral y universal al menor, se quebranta el bien común.
GRUPO AREÓPAGO