Tribunas
08/09/2026
La muralla de las palabras
Carola Minguet Civera
Doctora en CC. de la Información.
Responsable de Comunicación de la Universidad Católica de Valencia.
Nuevo Reglamento de condiciones básicas de accesibilidad cognitiva.
El Gobierno acaba de aprobar el primer reglamento estatal de accesibilidad cognitiva para que las personas con dificultades de comprensión puedan orientarse en ámbitos tan distintos como los hospitales, los transportes, la justicia, las administraciones públicas, el empleo o los procesos electorales. Para ello contempla la lectura fácil, los pictogramas y otros apoyos.
La noticia tiene algo de confesión involuntaria, pues hemos construido instituciones destinadas a servir al ciudadano y ahora necesitamos una norma para que el ciudadano pueda entenderlas. Pero quizá lo interesante no sea sólo lo que el reglamento pretende corregir, sino la pregunta que deja detrás: cómo hemos llegado a aceptar con tanta naturalidad que comprender sea también una forma de dificultad pública.
Porque se puede entrar por una puerta abierta y permanecer, sin embargo, fuera. También se levanta una muralla con palabras. Lo sabe cualquiera que haya recibido una carta de la Administración, leído un consentimiento sanitario o intentado averiguar qué le estaban cobrando en una factura. Uno empieza con la presunción de que conoce el castellano y termina pensando que le falta alguna competencia secreta. Las palabras son familiares, pero las frases avanzan protegidas por subordinadas, disposiciones adicionales y sujetos que jamás comparecen y, cuando por fin llegan al verbo, el lector ya ha envejecido.
No siempre se escribe así por malicia. A veces es comodidad, rutina o simple mimetismo. El funcionario reproduce la prosa que encontró; el jurista añade una cautela; el técnico incorpora una precisión; el responsable político pide que no quede ningún flanco abierto. Al final, el texto está tan protegido frente a cualquier interpretación que también ha quedado protegido frente al lector. Está claro que tampoco se arreglaría escribiendo corto porque sí. La vida es compleja y algunas realidades exigen distinciones pacientes. Pero entre el galimatías y el balbuceo queda todavía el idioma.
La cuestión es a qué responde esta forma de escribir. El poder puede ocultarse detrás de una página indescifrable, pero también detrás de tres palabras amables y un botón de «aceptar». No todo lo breve es honrado, del mismo modo que no todo lo difícil es profundo. A veces una frase es oscura porque la realidad lo es. Otras veces la realidad parece oscura porque alguien necesita que no veamos con demasiada nitidez quién decide, quién cobra o quién responde. No es casual que la prosa burocrática sienta tanta afición por las decisiones que «se adoptan», las solicitudes que «se desestiman» y los procedimientos a los que «se dará curso». Las cosas ocurren, pero nadie termina de comparecer.
La incomprensión tiene, además, una peculiar distribución social. Quien dispone de estudios, tiempo, contactos o dinero puede conseguir que alguien le traduzca el mundo. Pregunta al abogado, llama al gestor, consulta al médico amigo, encarga un recurso, descubre una condición escondida al pie de la página. Los demás firman, esperan o renuncian.
De ahí que redactar con claridad no sea una concesión paternalista. El paternalismo consiste precisamente en decidir que el otro no necesita comprender porque ya habrá alguien competente que piense por él. Escribir y hablar claro exige lo contrario: reconocer que el interlocutor tiene derecho a conocer las razones, discutirlas y, llegado el caso, decir que no. No se trata de rebajar el lenguaje, sino de retirar del camino la dificultad que no pertenece al asunto, sino a la manera de explicarlo.
Con todo, esa tentación de confundir no pertenece sólo a la Administración. Cada oficio desarrolla su jerga y corre el riesgo de convertirla en una credencial. Periodistas, profesores, médicos y juristas empleamos a veces una palabra precisa porque es necesaria; otras, porque acredita que pertenecemos a quienes saben. La política tiene un problema parecido por el camino inverso: no abusa tanto de las palabras difíciles como de las fáciles. Diálogo, progreso, derechos, convivencia, sostenibilidad, protección, libertad… son palabras que todos conocemos, pero comparecen tantas veces al servicio de proyectos contrarios que ya no sabemos qué compran.
Quizá por eso comprender empieza a menudo por recuperar realidades concretas. No «movilidad», sino el autobús al que alguien no sabe subir. No «participación ciudadana», sino una papeleta, una mesa electoral, una persona que necesita que le expliquen los pasos sin dirigir su voto. Lo concreto no es intelectualmente inferior a lo abstracto. Una política puede sonar impecable mientras se formula en sustantivos generales y volverse bastante más discutible cuando obliga a responder quién gana, quién pierde, quién paga o quién espera.
Es cierto que escribir claro cuesta. Hay que saber qué se quiere decir, ordenar el pensamiento, renunciar a ciertas coartadas y aceptar el riesgo de que el otro entienda exactamente nuestra posición. La frase confusa permite retirarse después: no era eso, se ha interpretado mal, faltaba el contexto, el asunto era demasiado complejo… La claridad, en cambio, compromete. Tal vez por eso abundan tantos textos técnicamente impecables de los que nadie parece responsable.
Tal vez esta norma consiga mejorar señales, documentos, comunicaciones y trámites. Ojalá. Pero la cuestión que deja planteada es más difícil de reglamentar: qué parte de la distancia entre las instituciones y quienes viven bajo sus decisiones está hecha simplemente de palabras. Al otro lado de una frase incomprensible puede haber un derecho reconocido, una ayuda disponible, una explicación necesaria. La puerta está abierta. Pero qué difícil resulta, tantas veces, entrar.