Iglesia-Estado
Religión Confidencial adelanta la exclusiva tras realizar una pregunta a través del Portal de Transparencia. El acuerdo alcanzado el 8 de enero se limitó a expresar la voluntad de las partes de formalizarlo
16/02/26 | Javier Arias / José Fco. Serrano
A primera hora de la mañana del 8 de enero, los periodistas recibimos por correo una convocatoria de rueda de prensa por sorpresa. La Conferencia Episcopal Española anunciaba que se iba a firmar esa mañana un acuerdo con el Gobierno para atender la reparación de víctimas de abusos sexuales a través del Defensor del Pueblo.
- Acuerdo a tres bandas entre el ministerio, la CEE y CONFER
- Pregunta realizada a través del portal de transparencia
- Respuesta de la directora de Libertad Religiosa
- Ni elaborado ni suscrito
- Nada compromete a la Iglesia
- El papel del Defensor del Pueblo
- Comisión de trabajo Gobierno-Conferencia Episcopal
Mons. Luis Argüello, Félix Bolaños y Jesús Díaz Sariego
Acuerdo a tres bandas entre el ministerio, la CEE y CONFER
Hubo foto, firma y apretón de manos a tres bandas entre Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Mons. Luis Argüello, presidente de la CEE; y Jesús Díaz Sariego, presidente de la CONFER.
En la rueda de prensa posterior a la firma del acuerdo, el ministro Bolaños se dedicó a repetir el eslogan de que “la indemnización la fija el Estado y la Iglesia paga”. Añadió: hoy “se salda una deuda histórica con las víctimas”, como si la Iglesia no hubiera hecho nada hasta ahora.
Insistía en que “en este acuerdo no se recoge referencia alguna sobre las víctimas al margen de la Iglesia”.
Desde que se hizo público el acuerdo, Religión Confidencial ha tratado de conocer cuál es el alcance del mismo y su validez. Lo que hemos podido saber es que lo firmado hasta ahora… es papel mojado.
Mons. Luis Argüello, Félix Bolaños y Jesús Díaz Sariego.
Pregunta realizada a través del portal de transparencia
El pasado 14 de enero, a través del Portal de Transparencia y al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, Religión Confidencial realizó una pregunta al ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
RC preguntó qué recursos caben, en vía administrativa, contra el convenio suscrito entre el Ministerio de Justicia y la Conferencia Episcopal Española de 8 de enero de 2025.
Respuesta de la directora de Libertad Religiosa
Obtuvimos contestación el 11 de febrero. La encargada de responder fue Mercedes Murillo Muñoz, Directora General de Libertad Religiosa.
En su respuesta, confirma que la solicitud planteada fue recibida en la Subsecretaría del Departamento el 26 de enero.
En virtud del artículo 18.1.a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, que dice que “se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general”, la directora Mercedes Murillo opta por inadmitir a trámite la solicitud de información al amparo del citado artículo.
Ni elaborado ni suscrito
Pero, al mismo tiempo, Mercedes Murillo expone que la solicitud de información realizada por Religión Confidencial se refiere a un “convenio suscrito entre el Ministerio de Justicia y la Conferencia Episcopal que, a la fecha actual, no ha sido elaborado ni suscrito por las partes, sino que el acuerdo alcanzado el 8 de enero de 2026 se limitó a expresar la voluntad de las partes firmantes de negociar y formalizar, a través de un futuro convenio, las bases del referido acuerdo”.
Así pues, la respuesta de la Subsecretaría del ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes confirma que hasta el momento no hay nada firmado que obligue a la Iglesia con el Gobierno.
La pregunta de Religión Confidencial con su respuesta se puede leer aquí.
Respuesta de Mercedes Murillo Muñoz, Directora General de Libertad Religiosa.
Nada compromete a la Iglesia
Aunque la noticia acaparó entonces titulares y portadas por ser un “hito”, lo cierto hasta es que lo firmado el 8 de enero carece de cualquier validez jurídica y por tanto no hay nada que obligue ni comprometa a la Iglesia española.
Aunque el ministro Bolaños alardeó de que la Iglesia iba a pagar las indemnizaciones y de que se abría un cauce nuevo independiente del Plan PRIVA, donde las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia pueden acudir para pedir su compensación, la realidad es que todo eso aún no existe.
Tal y como reconocieron ambas partes en el acuerdo del 8 de enero, tanto el ministerio como la CEE se comprometían a formalizar este sistema “en un convenio negociado”, convenio que todavía no ha visto la luz.
Como las víctimas son lo primero, la pregunta que surge ahora es si determinadas asociaciones de víctimas, que celebraron la firma de un papel de buenas intenciones, eran y son conscientes de que el acuerdo es papel mojado hasta que se firme el convenio al que alude la respuesta ministerial.
El papel del Defensor del Pueblo
Lo que también está bajo el punto de mira es el papel que jugará el Defensor del Pueblo, un organismo a priori independiente, que está al servicio de los ciudadanos, pero que en este caso ha tomado parte para someterse a la voluntad del Gobierno.
Según se lee en la propia página web del Defensor del Pueblo, “no recibe órdenes ni instrucciones de ninguna autoridad. Desempeña sus funciones con independencia e imparcialidad, con autonomía y según su criterio”, algo que en la realidad no está ocurriendo.
Comisión de trabajo Gobierno-Conferencia Episcopal
Religión Confidencial ha podido saber que se han producido ya varias reuniones de trabajo entre la Conferencia Episcopal Española y el Gobierno para la elaboración de un convenio que, de verdad, tenga validez jurídica.
Conversaciones que se están prolongando, por la divergencia de pareceres y por la complejidad de la materia objeto del convenio.
Mons. Luis Argüello y Jesús Díaz Sariego.
