(José Antonio Méndez/Alfa y Omega) El curso 2007/2008
pasará a la historia de España por ser el de la rebeldía ciudadana
contra la asignatura de Educación para la ciudadanía. El saldo del
curso concluye con más de 41.000 objeciones de conciencia por toda
España, cientos de plataformas ciudadanas surgidas contra la
materia, numerosos recursos judiciales en trámite, varias sentencias
que amparan a los objetores y un creciente número de familias que se
oponen a que sus hijos sean educados moralmente por el Estado
Las aulas de los colegios españoles descansan silenciosas, las
pizarras han borrado las lecciones de tiza, y los pupitres vacíos
aguardan a ser ocupados, tras el verano, por nuevos alumnos. Sin
embargo, a tenor de los datos con los que termina el curso
2007/2008, miles de estudiantes no están dispuestos a sentarse en
ellos a partir de septiembre. Al menos, no en las horas en las que
se imparta Educación para la ciudadanía.
Según los últimos datos facilitados por Profesionales por la
Ética, 41.107 estudiantes han presentado su objeción de conciencia
frente a la asignatura impuesta por el Gobierno de Rodríguez
Zapatero. De éstas, casi 10.000 se han presentado en las siete
Comunidades donde este año ya se ha cursado la materia, y el resto,
en otras donde Educación para la ciudadanía llegará a las aulas el
próximo curso. Un aluvión de objetores que se ha multiplicado por el
hecho de que, a partir del próximo año, la materia se impartirá no
sólo en Tercero de la ESO, como hasta ahora, sino también en
Primero, Segundo y Cuarto, así como en Primero de Bachillerato. Es
decir, en todos los cursos de la Enseñanza Obligatoria y en el
primer curso del Bachillerato.
Ni siquiera las amenazas de la Administración han frenado las
objeciones. Por más que la ministra doña Mercedes Cabrera
o que la Junta de Andalucía afirmasen que los objetores serían
suspendidos, las acciones de la Justicia han llevado a la Consejería
de Educación andaluza a retractarse. Si el 4 de junio la Junta
ordenaba a los centros suspender a los objetores, a finales de mes,
colegios e institutos recibieron órdenes para calificar como no
evaluado a quienes hubiesen sido respaldados por una sentencia
judicial.
La preocupación de los padres por lo que consideran una
intromisión ilegítima del Estado en la formación de sus hijos se ha
traducido también en el florecimiento de centenares de asociaciones
ciudadanas por todo el país, que canalizan las objeciones, informan
a las familias y asesoran a quienes deciden llevar su objeción al
terreno judicial. Para que estas plataformas pudiesen coordinar sus
acciones nació la web
www.objetores.org,
que cuenta con asesoría legal, formularios de objeción y las últimas
noticias sobre la batalla de las familias por defender su derecho a
la libertad de enseñanza. Y no es baladí esta cuestión de las
noticias, porque cada semana la situación da un giro. Durante el
curso 07/08, se cuentan por decenas las sentencias judiciales que se
han pronunciado en torno a la materia. Algunas amparan a los
objetores, arremeten contra los contenidos de la asignatura y dictan
medidas cautelares para que los alumnos no tengan que cursarla. Las
sentencias que favorecen la objeción han sido recurridas por las
Administraciones socialistas ante el tribunal superior de turno.
Como siguiente paso en el proceso judicial, las resoluciones más
polémicas de los Tribunales Superiores de Justicia de Asturias,
Cataluña y Andalucía han sido recurridas ante el Supremo.
Y en el terreno político, habrá que esperar a septiembre para
saber si todas las Comunidades gobernadas por el PP se oponen a
Educación para la ciudadanía o si Castilla León, La Rioja y Valencia
mantienen la misma línea que hasta ahora, de obstaculizar el derecho
a la objeción, igual que en las Comunidades de Gobierno socialista o
nacionalista.
Quedan aún, como se ve, muchos capítulos que escribir en torno a la
Educación para la ciudadanía.
Publicado el 5 Julio 2008 - 3:42am
