Diócesis
Un auto de la Audiencia Provincial dicta que el juicio debe celebrarse contra los imputados
11/10/25
El caso Fundaciones se agrava. Si en 2019 saltó la noticia con la acusación de una supuesta trama criminal por la venta de edificios de la Fundación Fusara -vinculada al arzobispado de Madrid- a la sociedad Tapiamar, ahora los mismos inquilinos de los inmuebles vuelven a los tribunales.
- Ampliar la querella criminal
- Venta de edificios fraudulenta
- La operación vulnera la voluntad de la fundadora
- Acoso inmobiliario
- Fraude fundacional
- La explicación de Fusara
- Fusara percibirá 62 millones de euros
- El auto de la Audiencia Provincial
Colegio San Ramón y San Antonio de la Fundación Fusara.
Ampliar la querella criminal
Dos centenares de vecinos han solicitado ampliar la querella criminal para incluir a los actuales patronos de Fundación Santamarca y San Ramón y San Antonio (Fusara). Además, impugnan el nuevo acuerdo de venta alcanzado entre la fundación y Tapiamar el pasado 30 de julio.
Los actuales patronos son: Fausto Marín Chiva (diácono permanente, representante del arzobispo), Pedro Pablo Dones Sabrido (párroco de la Asunción de Nuestra Señora) y José Andrés Silva Martín (párroco de San Juan de Ribera).
La ampliación de querella, presentada ante el Juzgado de Instrucción nº 28, sostiene que el nuevo acuerdo firmado el 31 de julio de 2025 entre la Fundación Fusara y la empresa Tapiamar Partners, S.L. “reproduce los mismos hechos delictivos” investigados en la causa iniciada en 2019.
El acuerdo del pasado julio pretendía cerrar la venta definitiva de 13 de los 14 inmuebles y retirar las acusaciones contra& Roberto de Juan González, administrador de Tapiamar, y Daniel Hidalgo Pita, vinculado a la sociedad Intuitiva, S.L. y antiguo director financiero del despacho Chávarri Abogados.
Venta de edificios fraudulenta
La querella criminal interpuesta por los inquilinos de los inmuebles sostiene que la venta de los edificios de Fusara fue y sigue siendo ilegal y fraudulenta y que el arzobispado de Madrid habría permitido una nueva operación para legalizar aquella venta de 2019.
La ampliación de la querella dice también que los inquilinos son víctimas directas del fraude y del acoso posterior y piden que continúe la investigación penal, sin retirar acusaciones.
Además, aseguran que el patronato actual está mal constituido, pues solo tiene miembros del arzobispado, cuando los estatutos exigen que haya también patronos civiles (alcalde, presidente del TSJ, delegado del Gobierno, etc.).
La operación vulnera la voluntad de la fundadora
Los vecinos, que actúan como acusación popular, consideran que la operación vulnera la voluntad de la fundadora, Antonia González Pérez, quien estableció en 1925 que los bienes eran inalienables y debían destinarse a fines benéficos. La Fundación Fusara niega que esta operación vulnere la voluntad de la fundadora.
Según el escrito judicial, los nuevos patronos, Fausto Marín Chiva, Pedro Pablo Dones Sabrido y José Andrés Silva Martín, aprobaron el acuerdo sin participación de patronos laicos, contraviniendo los estatutos fundacionales, que exigen una composición mixta entre representantes eclesiásticos y civiles (alcalde, delegado del Gobierno, presidente del TSJ y otros).
Acoso inmobiliario
Así mismo, la querella afirma que el precio fijado para la venta, 99 millones de euros, se corresponde con el valor de 2019 y no con el actual, que los peritos calculan en más de 258 millones, lo que supondría un perjuicio del 61%.
Los querellantes sostienen que la sociedad Tapiamar ha percibido desde 2019 las rentas de los alquileres de los pisos y locales incluidos en la venta, por un valor estimado superior a 24 millones de euros, mientras que la Fundación no ha presentado cuentas anuales ni plan de viabilidad.
También denuncian prácticas de acoso inmobiliario, como la negativa a renovar contratos, el abandono deliberado de edificios, y el vaciado progresivo de viviendas con el fin de favorecer la especulación.
Fraude fundacional
En su escrito, los vecinos solicitan al juzgado que mantenga la causa abierta contra Roberto de Juan y Daniel Hidalgo, y que se amplíe la investigación a los tres patronos actuales de Fusara. Reclaman, además, tasaciones actualizadas, la revisión de las cuentas de la Fundación, y el rastreo del origen de los fondos empleados en la compraventa.
El documento judicial concluye que la venta de los inmuebles no responde a ninguna necesidad económica o funcional de la Fundación, y que su aprobación por los mismos agentes investigados en 2019 constituye una reiteración del presunto fraude fundacional.
La explicación de Fusara
Desde Fusara explican a Religión Confidencial que la Fundación no “tuvo más remedio que alcanzar” un nuevo acuerdo con la sociedad Tapiamar, con el fin de obtener liquidez para modificar las condiciones de la venta de los 14 edificios realizada en 2019, operación por la que se encuentran investigados antiguos cargos de la Fundación, como el antiguo presidente y el anterior secretario del patronato, junto con asesores de dichas operaciones.
Con este nuevo acuerdo -insisten- han conseguido liquidez para llevar a cabo los fines fundacionales y sostener los colegios destinados a menores en riesgo de exclusión, colegios Santamarca y San Ramón y San Antonio de Madrid.
Fusara percibirá 62 millones de euros
Como resultado de la modificación acordada, Fusara ha recuperado su sede fundacional, el emblemático edificio situado en la calle Barquillo, 22, y ve además incrementado el valor de los otros 13 edificios objeto de la operación, que se valoran ahora en 99 millones de euros, lo que supone un 54% más respecto del precio original, fijado en 64,3 millones de euros.
“En el marco de este nuevo acuerdo, y habiendo recibido ya 37 millones de euros a cuenta en 2019, FUSARA percibirá ahora un total de 62 millones de euros adicionales, además del edificio de Barquillo, 22. Todo ello contribuye de forma muy significativa a la recuperación económica y patrimonial de la Fundación, cuya situación financiera ha sido crítica desde que se realizaron las operaciones que están siendo investigadas por el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid”, señala Fusara en una nota.
El auto de la Audiencia Provincial
Por otra parte, según ha podido saber Religión Confidencial, la Audiencia Provincial de Madrid ha refrendado la imputación de los acusados (los inquilinos de las viviendas y la propia Fusara) con las únicas excepciones de tres personas: Raúl Chávarri, del bufete Chavarri; José Prado, abogado y socio de Raúl Chávarri; y Ricardo de Guindos, de Ribidor Asesores.
Es decir, no exonera a los imputados y emplaza a que se celebre un juicio oral.
El auto dice así en su conclusión: "Por todo lo expuesto estimamos que, ante el material reunido durante la instrucción, está plenamente justificada la continuación de la causa por los trámites del Procedimiento Abreviado para los investigados afectados, porque apreciamos, al igual que lo hizo el Instructor, indicios de criminalidad suficientes. Tras la fundada atribución indiciaria de supuestos hechos con relevancia penal, habrá de ser ya en el acto del juicio oral, si finalmente se abre, donde los apelantes podrán plantear los medios de prueba pertinentes para su defensa (documental, testifical o pericial), al igual que, en tal caso, será en ese eventual plenario donde se determinará si queda o no desvirtuada la presunción de inocencia de quienes, alcanzado ese trance, habrían sido ya previamente acusados; una presunción aún intacta tras el trámite que ahora se confirma parcialmente.
En conclusión, las personas implicadas son:
Antonio Chávarri: abogado, señalado como organizador del plan de venta fraudulenta.
David López Royo, Manuel Fernández Clemente, Antonio Naranjo Fabián y otros, investigados.
Roberto de Juan González y Daniel Hidalgo Pita: se pide que sigan imputados.
El diacono permanente Fausto Marín Chiva y los sacerdotes Pedro Pablo Dones Sabrido y José Andrés Silva Martín: patronos actuales del arzobispado, incluidos en la ampliación de la querella.
