Iglesia-Estado
Escuelas Católicas niega el cobro ilegal de cuotas y la discriminación en la admisión de alumnos
Ante el anuncio del Ministerio de Educación de aumentar los fondos a la escuela concertada a cambio de ser más transparentes en la admisión de alumnos y eliminar las aportaciones económicas de los padres
24/10/24 | M. S.
- Analizar el coste real del servicio educativo
- No se cobran cuotas ilegales
- Suficiente financiación pública
- Pilar esencial dentro del sistema educativo
Pilar Alegría Continente, ministra de Educación.
La polémica está servida. El Ministerio de Educación ha anunciado que aumentará los fondos para la escuela concertada (que es también pública, pero no estatal) y Sumar y Podemos se han echado las manos a la cabeza. Piden al Gobierno que no aumente la financiación de la concertada y refuerce la educación pública.
Analizar el coste real del servicio educativo
"Sencillamente y sin pudor, "Sumar" pide que se incumpla la Disposición Adicional 29 de la LOE (2006) que estableció la creación de una Comisión de estudio del coste real de la plaza escolar, a fin de actualizar la cuantía del concierto educativo", explica Luis Centeno, secretario General Adjunto de Escuelas Católicas.
El diario El País adelantaba la noticia: el Ministerio de Educación actualizará las cuantías económicas mediante la revisión contemplada en la Lomloe y calculando "el coste real del servicio educativo". A cambio, esperan compromisos para la transparencia en los procesos de admisión y eliminación de cuotas. Esas son las dos condiciones.
No se cobran cuotas ilegales
Ante estas dos condiciones que pone el Gobierno, que parece dar por hecho que la concertada hace trampa en los procesos de admisión, Escuelas Católicas, la marca de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza y Titulares de Centros Católicos, que reúne a casi 2.000 colegios en España, ha expresado su preocupación por algunas de las afirmaciones vertidas "en las que se sugiere, sin base alguna, que los centros concertados cobran cuotas ilegales y discriminan a los alumnos en los procesos de admisión".
"Desde Escuelas Católicas, nuevamente, negamos con rotundidad estas acusaciones que denigran a una red consolidada y valorada por las familias. La normativa vigente sobre la admisión de alumnos es clara e igual para los centros públicos y concertados. Todos los centros concertados cumplen estrictamente con dicha normativa a través de las plataformas digitales creadas por las Administraciones educativas competentes, y rechazamos cualquier práctica que implique segregación o discriminación de los estudiantes", señalan.
Además, consideran que las conclusiones que se resaltan en ciertos informes sobre el cobro generalizado de cuotas ilegales en la educación concertada son sesgadas y no reflejan la realidad de su modelo educativo.
Suficiente financiación pública
En cuanto al "positivo" anuncio del Ministerio de Educación de estudiar el coste real del puesto escolar, Escuelas Católicas pide que "no se quede en palabras" y que por fin se cumpla con la LOE en dos aspectos fundamentales:
- Constitución de la Comisión de estudio del coste de impartición de enseñanza: solicitamos que se constituya a la mayor brevedad la comisión establecida en la Disposición Adicional 29 de la LOE, encargada de actualizar el módulo de los conciertos educativos para que refleje de manera adecuada los costes reales de la enseñanza, en condiciones de gratuidad.
- Suficiencia de la financiación pública: exigimos que la financiación pública destinada a la educación concertada sea suficiente para cubrir completamente el coste de impartición de las enseñanzas concertadas, tal como establece el artículo 88.2 y el artículo 117 de la LOE, en condiciones análogas a la enseñanza pública.
Pilar esencial dentro del sistema educativo
Por último, Escuelas Católicas afirma su compromiso con una educación de calidad y con el cumplimiento estricto de todas las normativas vigentes, tanto en materia de financiación como de admisión de alumnos.
"La educación concertada es un pilar esencial dentro del sistema educativo, y su correcta financiación y funcionamiento son imprescindibles para garantizar el acceso a una enseñanza equitativa y plural para todas las familias. No se puede exigir equidad educativa, sin garantizar una financiación pública equitativa entre las dos redes que prestan el servicio público de la educación", concluyen.