Pone el año 2018 como fecha tope
Izquierda Unida quiere impedir a los contribuyentes españoles financiar voluntariamente a la Iglesia
Izquierda Unida ha solicitado en una de sus enmiendas al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016 que se rebaje del 0,7% actual al 0,5% la cuota íntegra del IRPF correspondiente a los contribuyentes que manifiesten en la Declaración de la Renta su voluntad de financiar la Iglesia Católica. La coalición de izquierda pretende que el año 2018 sea el último en que la Iglesia reciba una asignación voluntaria de los contribuyentes españoles
28/08/15 10:12 AM
(EP) IU plantea disminuir hasta los 9,5 millones de euros la cantidad mensual que el Estado entregará a la Iglesia en 2016, al mismo tiempo que pone como fecha el 31 de diciembre de 2018 el plazo para que ésta se autofinancie con las donaciones de los fieles.
«Se propone recortar razonablemente la asignación tributaria a la Iglesia Católica en el IRPF con la finalidad de que la Iglesia participe en el esfuerzo colectivo necesario para superar la crisis y hasta que se produzca la progresiva adaptación de la Iglesia Católica a su autofinanciación», señala IU en la argumentación de la enmienda recogida por Europa Press. IU no dice nada del esfuerzo que la propia Iglesia hace, a través de Cáritas y otras organizaciones similares, para superar la crisis económica.
IBI
A su vez, IU plantea en otra enmienda al PGE la supresión del «privilegio de emisiones de certificaciones sobre bienes inmobiliarios de la Iglesia Católica».
Según justifica en su enmienda, la Ley Hipotecaria autoriza a la Iglesia a emitir certificaciones de dominio sobre los bienes que la Iglesia considere suyos. Entre otros casos, destaca el de la Catedral de Córdoba, de la que, según dice falsamente IU, «la Iglesia se apropió en 2006».
Por ello, cree que hay que promover la revisión de la Ley Hipotecaria para suprimir ese «anacrónico privilegio». De hecho, en su enmienda llama a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad a la Ley Hipotecaria por «vulnerar lo establecido» en la Constitución sobre la aconfesionalidad del Estado.